El vacío académico en las facultades de derecho del Perú
Introducción
Cuando pienso en mis primeros años de formación jurídica en el Perú, recuerdo aulas llenas de entusiasmo, profesores apasionados por el derecho nacional y compañeros que soñaban con cambiar el país desde los tribunales. Sin embargo, también recuerdo un silencio incómodo: nunca se hablaba de Derecho Penal Internacional (DPI). Los planes de estudio estaban diseñados para formar abogados que conocieran bien las normas internas, pero que rara vez podían dialogar con los estándares globales que hoy marcan la pauta en la justicia. Ese vacío académico, que en su momento parecía un detalle, se convirtió en una inquietud que me acompañó durante toda mi carrera.
La historia que me llevó a escribir este artículo comienza precisamente allí, en esas aulas. Mientras estudiaba, me preguntaba por qué nunca se nos enseñaba a analizar fenómenos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio o los delitos de guerra. Era como si el Perú viviera en una burbuja jurídica, aislada de los debates internacionales. Esa sensación se intensificó cuando tuve la oportunidad de participar en seminarios en Europa. Allí, el contraste fue abrumador: el Derecho Penal Internacional no solo se enseñaba, sino que era parte esencial de la formación de cualquier jurista. Comprendí entonces que nuestra educación estaba incompleta y que ese vacío tenía consecuencias prácticas muy serias.
Escribir este texto fue, en parte, un acto de memoria personal y, en parte, un compromiso profesional. Quise narrar mi experiencia, pero también visibilizar un problema que afecta a miles de estudiantes y futuros abogados. Porque este vacío académico no es solo una carencia teórica: se refleja en leyes, sentencias y debates públicos que muestran errores conceptuales graves. Normas como la Ley 32107 y la Ley 32419 son ejemplos de cómo la falta de formación en Derecho Penal Internacional (DPI) conduce a contradicciones con los estándares internacionales.
Los motivos que me impulsaron a redactar este análisis son varios y se entrelazan con mi propia historia:
Visibilizar el vacío académico: mostrar que nuestras facultades de derecho siguen atrapadas en un marco doméstico, incapaz de dialogar con el mundo.
Conectar experiencias personales: relatar cómo mi tránsito desde aulas peruanas hasta seminarios europeos me permitió ver con claridad lo que muchos sienten, pero pocos expresan.
Advertir consecuencias prácticas: explicar cómo este vacío se traduce en leyes y políticas que contradicen principios básicos del Derecho Penal Internacional (DPI).
Comparar con otros países: subrayar que en Europa y Estados Unidos esta disciplina es parte del currículo básico, mientras que en Perú sigue ausente.
Invitar a la reforma: proponer que reconocer este vacío es el primer paso para corregirlo y formar juristas capaces de enfrentar los retos de la justicia global.
Este esfuerzo no se limita a un artículo. Forma parte de un proyecto más amplio que cristalizó en mi libro ¿Por qué el Perú interpreta mal los crímenes de lesa humanidad? En esta obra desarrollo con mayor detalle los argumentos, ejemplos y propuestas que considero urgentes para transformar la enseñanza del derecho en nuestro país. El libro es, en esencia, una invitación a la reflexión colectiva y un llamado a las universidades para que asuman su responsabilidad en la formación de juristas capaces de enfrentar los retos del presente y del futuro.
La ausencia del Derecho Penal Internacional (DPI) en nuestras facultades no solo limita la formación de los estudiantes, sino que también tiene consecuencias prácticas en la manera en que se legisla y se juzga en el país. Cada vez que una norma contradice estándares internacionales, cada vez que un tribunal interpreta de manera errada un crimen de lesa humanidad, se confirma que el vacío académico no es un asunto menor, sino un problema estructural que afecta la justicia y la credibilidad del Perú en el ámbito internacional.
Por eso este artículo es también un llamado a la acción. No basta con reconocer el vacío: es necesario reformar los planes de estudio, abrir las aulas al debate internacional y preparar a los futuros abogados para un mundo donde los crímenes trascienden fronteras y las respuestas jurídicas deben estar alineadas con estándares globales.
Este texto, entonces, no pretende ser una crítica aislada ni un ejercicio académico sin consecuencias. Es una invitación a la reflexión y al debate. Es un recordatorio de que el derecho debe evolucionar para estar a la altura de los tiempos. Y es, sobre todo, una historia personal que se convierte en propuesta colectiva: transformar la enseñanza del derecho en el Perú para que nuestros juristas puedan dialogar con el mundo y enfrentar los desafíos de la justicia global.
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Sobre el Autor: Richard Carlos Meza, es Abogado especializado en derecho internacional de los derechos humanos y en la actuación de los tribunales internacionales. Cuenta con formación avanzada en terrorismo internacional, criminalidad organizada transnacional y seguridad global. Además, cuenta con formación internacional avanzada respaldada por múltiples certificaciones de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Posee una maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional por Kennedy University, desarrollada en colaboración académica con el United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). Ha participado en la International Criminal Court Moot Court Competition del International Institute of The Hague (IIH) y en la Competencia Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”, evaluando argumentos orales y escritos de equipos universitarios de diversas regiones del mundo bajo estándares del Estatuto de Roma y criterios jurisprudenciales del Sistema Interamericano. Es analista jurídico internacional y autor de artículos jurídicos publicados en medios especializados de alcance regional e internacional. Su trabajo académico se orienta a comprender cómo opera el derecho internacional frente a los desafíos contemporáneos de la seguridad global. Ha desarrollado una línea de investigación que articula el uso de la fuerza, la protección de los derechos humanos, el derecho penal internacional y la respuesta jurídica ante fenómenos transnacionales que desbordan las capacidades estatales tradicionales. Esta perspectiva le permite construir una visión integral, comparada y crítica del sistema internacional de justicia.
